Esta semana fue declinada la reforma para reducir de 48 horas a 40 horas semanales en la Cámara de Diputados, luego de que los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) se opusieran, en beneficio de los empresarios.
El dictamen ya fue aprobado desde abril, sin embargo, la mesa directiva de la Cámara lo regresó a la comisión dictaminadora el pasado 28 de noviembre, con el fin de que se realizaran, en su caso, eventuales modificaciones para ’fortalecer su argumentación’ derivadas de las conclusiones de los foros de parlamento abierto que se realizaron después de la dictaminación.
Cuando el nuevo periodo de sesiones comenzó, la presidencia de la Jucopo pasó de Morena al Partido Acción Nacional (PAN). El partido que propuso la iniciativa aceptó convocar a un Parlamento Abierto para escuchar diferentes voces antes de mandar el dictamen al pleno, el cual se llevó a cabo entre octubre y noviembre.
’El dictamen ya se discutió y se votó y se turnó a la mesa directiva’ de la Cámara, anotó. Un dictamen puede ser devuelto a la comisión en caso de que el pleno no apruebe un dictamen que la comisión votó en positivo.
Por eso anunció que máximo el 7 de diciembre se reunirá la mesa directiva de la Comisión para decidir la ruta.
Este martes, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI), en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, remitió el dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales con la instrucción expresa de integrar las consideraciones y conclusiones expresadas durante los foros del Parlamento Abierto sobre jornadas y descanso laboral, con el fin de robustecer su fundamento en la legislación.
Se tiene programada una reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales para el jueves de esta semana. Según la Gaceta Parlamentaria, uno de los puntos que se analizará es un dictamen favorable para reformar el artículo 123 de la Constitución en el ámbito de la seguridad social.
Las consideraciones a las que hace referencia la diputada Marcela Guerra son diversas, siendo una de las más significativas la posibilidad de que los sectores empresariales puedan ajustarse a la extensión de los períodos de descanso de manera progresiva y gradual.
Entre las demandas de los representantes empresariales, que serán defendidas por el PAN y el partido Movimiento Ciudadano, se encuentra la realización de un estudio sobre el impacto económico que tendrá la modificación mencionada.
La iniciativa privada insiste en que esta reforma provocará el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), también advierte que muchas compañías dejarán de pagar sus cuotas a la seguridad social para hacer frente a lo que describen como un gran costo laboral.
La Ley Federal del Trabajo establece una jornada laboral en México de 48 horas semanales repartido en seis días y con goce de un día de descanso. ’Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos’, establece la Constitución.Con información de EL ECONOMISTA
