El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que los cerca de 15 mil millones de pesos que se encontraban en los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) se destinen al rescate de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez en Guerrero, que fueron afectados por el huracán Otis. Esta propuesta fue aceptada por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.
Durante semanas, la desaparición de estos fideicomisos generó confrontación entre las instituciones del PJF y la mayoría de los legisladores del Congreso de la Unión, así como con el presidente. Sin embargo, López Obrador encontró una salida a este conflicto al proponer que los recursos se destinen a los damnificados del huracán.
Esta propuesta evita que los ministros y ministras de la Corte se vean envueltos en un conflicto de interés al tener que resolver las demandas legales relacionadas con la desaparición de los fideicomisos. De esta manera, se busca beneficiar a los municipios afectados y encontrar una solución adecuada para todos los involucrados.
En su respuesta, López Obrador dijo: ’¿qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo: que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco’. En su conferencia matutina, agregó que ese acuerdo sería conjunto entre los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
Y ese mismo 31 de octubre, la ministra presidenta Norma Piña respondió al jefe del Ejecutivo federal a través de un oficio en el que se lee:
’En representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.
’La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida.
’Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior al margen de que, desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fidecomisos como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos, y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere.
’A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión.’
Asimismo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados –en representación de todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Acción Nacional– respondió ese mismo día a la propuesta, al manifestar que estaban de acuerdo en ser parte del comité propuesto por el primer mandatario y destinar el dinero de los 13 fideicomisos del Poder Judicial a la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez.
Para el 1 de noviembre, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador no sólo celebró la respuesta de la ministra Piña Hernández y la Jucopo, sino que instruyó ahí mismo a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, coordinar las acciones para que en breve ese recurso sea destinado a los damnificados que dejó el huracán Otis. Por lo cual esa misma tarde, la funcionaria se puso en contacto con la presidenta del Poder Judicial para abrir el canal de diálogo. Por lo que se espera que pronto los tres Poderes de la Unión determinen el camino a seguir en este objetivo de Estado.
Hasta antes del pasado martes 31 de octubre, tanto la ministra como otros integrantes del Pleno de la SCJN habían argumentado que el dinero de los fideicomisos se destinaban al pago de prestaciones de 55 mil trabajadores del PJF. No obstante, la mayoría de integrantes del Congreso de la Unión votaron en ambas cámaras la extinción de esos fondos, al descubrir que se trataba de fideicomisos de privilegios a favor de apenas unas decenas de juzgadores.
Un ejemplo de ello es lo documentado y denunciado por el senador morenista César Cravioto, de que el fideicomiso destinado al pago de pensiones complementarias para mandos superiores de la SCJN sólo beneficiaba a 25 personas, y sus ’apoyos’ anuales ascendían a 33 millones de pesos por persona.
Otro caso similar es el del fideicomiso de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, que tenía como beneficiarias únicamente a 184 personas, con un ’apoyo’ anual de 16 millones de pesos por persona.
Del fondo correspondiente al plan de prestaciones también se documentó un manejo todavía más agraviante, pues tenía registrada a una sola persona como beneficiaria, por 145 millones de pesos.
En el fideicomiso del manejo del producto de la venta de publicaciones había tres beneficiarias. Su ’apoyo’ anual promedio ascendía a 59 millones de pesos.
En el caso del fideicomiso de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, que operaba el Consejo de la Judicatura Federal, se descubrió que las personas beneficiarias eran 387, y recibían cada una un apoyo anual de 12 millones de pesos.
Respecto de los fideicomisos de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación –con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, el legislador César Cravioto denunció que sólo tenía dos personas beneficiarias con un apoyo anual promedio de 34 millones de pesos.
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Gobernación documentó que ’la razón por la que los recursos de los fideicomisos no se utilizan es porque el Presupuesto de Egresos que solicita cada año el Poder Judicial ya contempla recursos etiquetados para los mismos fines, por lo que existe duplicidad’.
En el caso de los fideicomisos de la Corte, apuntó que en el caso de las pensiones complementarias para mandos superiores –con saldo acumulado a 2022, de 789 millones 397 mil 493 pesos–, se pidió en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación un monto de 181 millones 254 mil 884 pesos, en la Partida 15301. ’Prestaciones de retiro’.
Acerca del fideicomiso de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo –con saldo a 2022 de 2 mil 815 millones 256 mil 192 pesos– se solicitó en el PPEF un monto de 181 millones 254 mil 884 pesos, en la Partida 15301, ’Prestaciones de retiro’.
Respecto del fideicomiso del plan de prestaciones médicas –con saldo de 137 millones 366 mil 145 a 2022–, el monto solicitado para 2024 es de 267 millones 164 mil 116 pesos, en la Partida 15401, ’Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo’.
Del fideicomiso para el manejo del producto de la venta de publicaciones, CD’s y otros proyectos –que el año pasado mantenía un saldo de 357 millones 620 mil 336 pesos–, la Segob apuntó que para 2024 el PJF solicitó 16 millones 456 mil 82 pesos en la Partida 33604, ’Impresión y elaboración de material informativo’.
Y del fideicomiso de remanentes presupuestales –cuyo saldo a 2022 ascendió a 1 mil 311 millones 431 mil 357 pesos–, la Segob detalló que ’los subejercicios y ahorros son transferidos a través de la Partida 46301, ’Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial’.
Acerca del Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia –con saldo a 2022 de 688 millones 432 mil 667 pesos–, Gobernación documentó que los subejercicios y ahorros se transfieren a través de la Partida 39403, ’Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley’. Ello, sólo para el caso de la Suprema Corte, pero en la Judicatura también se encontraron comportamientos similares.
Aunado a lo anterior, un análisis jurídico de la bancada del Partido Morena en la Cámara de Senadores descubrió que de los 14 fideicomisos del PJF sólo dos tenían sustento legal: ’la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su Título Décimo Primero establece el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para el mejor desempeño de sus funciones, administrado por el Consejo de la Judicatura Federal; y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en su artículo 901 establece el Fondo para la Administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal’. Es decir, 12 de ellos operaron siempre al margen de la ley.
No obstante estos datos duros aportados por representantes de los poderes Legislativo y el Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial había estallado un conflicto en defensa de esos fideicomisos del privilegio y mantenía vigente la amenaza de volver a parar sus funciones judiciales, como forma de presión para que no se aplicara el cambio legislativo por el que se extinguieron esos fondos.
Aunado a lo anterior, el propio presidente de la República denunció que el diputado panista Santiago Creel ya preparaba, en coordinación con la mayoría de ministros de la Suprema Corte, una andanada legaloide para controvertir la decisión de los integrantes de la 4T en el Congreso, que daba por terminados esos fideicomisos y que obligaba al Poder Judicial a devolver el dinero público a la Tesorería de la Federación.
En ese contexto, la propuesta del presidente López Obrador logró desactivar, en menos de una semana, el conflicto entre los tres Poderes de la Unión. Y también dejó sin materia las protestas tanto del Sindicato como de legisladores de oposición, sobre todo de los del PAN y grupos conservadores afines.
El pasado 27 de octubre se emitió en el Diario Oficial de la Federación el ’Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación’, que da por extintos 13 fideicomisos de la discordia que operaban la SCJN, el CJF y el TEPJF. Por lo cual, de acuerdo con el diputado morenista Ignacio Mier, la propuesta de que el dinero de los mismos atienda a los damnificados de Guerrero se podría concretar en el corto plazo, pues la Tesorería de la Federación ya debería recibir esos fondos.
No obstante, del análisis de la Secretaría de Gobernación se deriva que sólo con voluntad política del Poder Judicial se podrá hacer uso de ese dinero público. Ello, porque la Segob apuntó que ’una vez aprobada la reforma, el Poder Judicial deberá extinguir los fideicomisos en un plazo de 120 días hábiles (5 meses), y reintegrar los recursos disponibles a la Tesorería de la Federación’.
Hasta antes de ese día, el Poder Judicial de la Federación contaba con 14 fideicomisos, que al 30 de junio pasado contaban con un saldo conjunto de 21 mil 538.7 millones de pesos. De éstos, seis son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (con un monto total de 6 mil 241.9 millones de pesos); seis, del Consejo de la Judicatura Federal (por un total de 15 mil 280.9 millones de pesos); y dos, del Tribunal Electoral (por 15.9 millones de pesos).NANCY FLORES | CONTRALÍNEA
