Aún con los abusos realizados por él y su familia Alberto Baillères, como el despojo de recursos de minerías a ejidatarios, fue elogiado en el gobierno de Peña Nieto, llegando a recibir la medalla del Belisario Domínguez por parte del Senado por sus acciones en pro del país o la humanidad.
Tras la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, incursionó en el sector energético con Energía Eléctrica BAL y Petrobal, cuya firma fue la única mexicana que ganó uno de los campos concesionados por el Gobierno y cuyo director es Carlos Arnoldo Morales Gil, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde hace más de una década ejidatarios de El Bajío, ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, en Sonora, están en pie de lucha contra los Baillères, una de las familias más ricas del país, cuya minera Penmont se ha visto envuelta en una trama de despojo, ilegalidades, violencia, señalamientos de corrupción e impunidad.
La minera Penmont, propiedad de Fresnillo, subsidiaria de Industrias Peñoles, el brazo minero del Grupo Bal de los Baillères, es acusada de haber realizado exploraciones y explotación minera en sus territorios de forma ilegal, desde los años noventa. En esa década, la compañía de los Baillères, pidió un permiso de exploración, el cual al ser otorgado dio pauta para que iniciaran ilegalmente tanto la construcción de la mina Dipolos, así como extensión de La Herradura —que en 2020 produjo 55.3 por ciento del oro total de Grupo Bal—, con las cuales los ejidatarios perdieron el acceso a todo su territorio, como han denunciado ellos.
Por aquel entonces les pagaron 16 mil pesos a cada uno de los 77 ejidatarios y nunca más se volvió a saber de la minera hasta que vieron la mina en forma, que estaba explotando oro a gran capacidad. Notaron un despliegue y movimiento de maquinaria pesada. A partir de ahí no tuvieron acceso a su tierra. El Ejército mexicano, dijeron, custodiaba la mina y no les permitía entrar a la tierra a ninguno de ellos.
La situación llevó al inicio en 2009 del conflicto legal entre el ejido El Bajío y la minera Penmont. Ese año un grupo de ejidatarios interpuso un juicio agrario —el 188/2009— con el objetivo de que la minera les consultara la pertinencia de las acciones emprendidas dentro de su territorio.
Cuatro años después, en 2013, los ejidatarios interpusieron 67 juicios agrarios contra Penmont, en los cuales el Magistrado Manuel Loya Valverde les dio la razón al sentenciar en 2014 que la empresa de los Baillères debía desocupar y entregarles las tierras —lo cual tuvo que llevarse a cabo mediante la intervención de las fuerzas del orden—, regresarlas, además, al estado que tenían antes de la ocupación, así como a devolver el oro que se extrajo, y a indemnizar a los afectados por el uso de sus tierras; sin embargo en ocho años del fallo no han ejecutado las 67 sentencias que dictó el Tribunal Agrario, empeorando la situación para los ejidatarios.
’Ahorita ya han pasado más de ocho años, la justicia ya la tendríamos que haber alcanzado. Pero ahí es cuando supimos quién era Alberto Baillères. Realmente ni idea teníamos de quién era esa persona. Algunos de nosotros habíamos escuchado del Palacio de Hierro, todo el conglomerado de empresas que tiene. La gran mayoría vive, como todos los campesinos en México, al día y todos los días salen de sol a sol para poder llevar algo a la mesa. Lo que menos les importa es que hay un rico en México y que tenga todo el dinero del mundo, ni siquiera se lo imaginan, en la vida van a comprar al Palacio de Hierro. Hasta que ahí nos dimos cuenta por el poder que tiene esta persona, porque manejaba a gobernadores, al Senado, un montón; toda la clase política que no debería sucumbir ante el poder económico pues lo hace todos días’, dijo Jesús Javier Tomás, representante ejidal de El Bajío, en entrevista con Alejandro Páez Varela.
Jesús Javier Tomás detalló cómo a raíz de la batalla legal que emprendieron los ejidatarios contra Alberto Baillères empezaron a recibir amenazas, se registraron ’levantones’, y ’empezaron a sacar órdenes de aprehensión, acusarnos de robo, de mil cosas y sí lograron encarcelar a 10 compañeros’.
’Como eran todas las causas inventadas y fabricadas a pedido de la minera ante el Ministerio Público de Caborca por la Fiscalía de Sonora, fue sencillo anular esas órdenes de aprehensión por jueces federales. No costó tanto trabajo, pero sí un tiempo. Hubo unos compañeros que estuvieron ocho meses en la cárcel, otros que estuvieron 20 meses. Algunos estuvieron en dos ocasiones distintas porque les inventaban cuando todavía estaban por obtener la libertad, les llegaban con otro delito, otra fabricación y les ponían otra orden de aprehensión y hubo algunos que estuvieron 20 meses. Ha sido difícil porque una vez que vieron que no cedíamos con las amenazas, ni con los levantones, ni con los encarcelamientos, ya pasaron a lo que fueron los asesinatos y desapariciones’.
Precisamente como parte de esta violencia en la región han perdido la vida tres integrantes de esta comunidad y una más se encuentra desaparecida. Se trata de José Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, líderes del movimiento contra la minera, a quienes les arrebataron la vida el 2 de mayo de 2021; y Raúl Ibarra de la Paz, asesinado en febrero de 2018, y cuya esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez, se encuentra desaparecida.
Asimismo comentaron que el Magistrado que falló a favor de los ejidatarios no fue ratificado en su puesto y posteriormente le impidieron ejercer su carrera 20 años.
’El Magistrado dice que él falló conforme a derecho, que el derecho lo tiene el ejido y no la mina. A partir de este fallo, que es conforme a derecho, el Magistrado no es ratificado en su puesto, le truncaron 20 años de carrera como abogado, como Magistrado. Ahora su caso está esperando turno en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero el Magistrado ahora litiga de forma particular, privada. La sentencia dictamina que el oro debe ser regresado a los ejidatarios, que debe de existir la restitución de la tierra a su estado natural y el pago de renta por la ocupación ilícita de las tierras’, comentó Ariadna Mogollón.
Un año después de no ratificarlo como Magistrado, el mismo Senado otorgaría la Medalla Belisario Domínguez, la máxima distinción a un ciudadano en México, a Alberto Baillères González —fallecido el 2 de febrero pasado— por instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, a la que se sumaron legisladores de PRI y PAN. El galardón fue cuestionado en su momento y sentaría un precedente inédito, luego de que por primera vez desde que el Senado creó la presea —hace seis décadas—, se rompió la unanimidad, sólo un voto evitó el rechazo y la ceremonia de la entrega fue desairada por la mitad de los legisladores. Algo peor: Se maquinó un fraude para alterar la votación y aumentar el número de quienes se pronunciaron por honrarlo.
’El mismo Magistrado dice que para él es muy claro que el poder económico incide en su no ratificación y que el poder económico tiene justamente la capacidad de decidir cuáles magistrados se ratifican y cuáles no. Eso queda muy claro. Es el mismo momento histórico, es el mismo Senado. Podemos ver claramente una incidencia del poder económico con el poder político’, añadió Mogollón.
Otra muestra de la conducción que ha tenido el caso se dio en 2016, cuando cuando el Tribunal Agrario #28 le asignó a Rafael Pavlovich Durazo, tío de la Gobernadora Claudia Pavlovich, mil 824 hectáreas de tierras dentro del ejido; dotación que fue anulada en el mismo año. No obstante, como reseñó El País, fueron acusados de despojo y algunos de ellos, como Erasmo Santiago, pasaron hasta un año y medio en la cárcel. Ante la falta de pruebas, finalmente fueron liberados.
Jesús Javier Tomás narró a SinEmbargo que luego de los diferentes episodios de violencia que enfrentó la comunidad sucedió otro acontecimiento: En el Ejido habían 40 familias viviendo ahí y se quedaron dos, los demás fueron desplazados de manera forzosa. ’Sus casas fueron destruidas, había incursiones al ejido de grupos armados’.
Ahondó que hubo varios eventos donde aparecían siete u ocho camionetas con cuatro o cinco civiles armados cada una. En alguna ocasión, dijo, llegaron a levantar hasta 12 familias, se las llevaban en medio de la noche.
’En todas esas incursiones nada más los golpeaban, alguna vez le reventaron el oído. Se llevaban a mujeres, niños, ancianos, a cualquiera. Los dejaban en las vías del tren a 40 o 50 kilómetros de donde los habían levantado, que era el poblado ejidal. Los dejaban amarrados de la cabeza y les decían que no se levantaran porque si se levantaban antes de que el sol saliera, los iban a matar, que había gente vigilando’.
Señaló que el único objetivo de aquellos secuestros era amenazar a las personas, que se fueran del ejido. ’Entonces muchas familias se fueron, buscaron refugio en municipios vecinos como Puerto Peñasco, San Luis de Colorado, a Mexicali se fueron otros. Ahí en el ejido únicamente quedaron dos familias. La resistencia la mantenemos nosotros no en el poblado que teníamos’.
’Hemos puesto denuncias y jamás hacen nada. Nos han robado varias veces carros, nos han golpeado a muchos compañeros cuando están llevando las provisiones, nos han encarcelado a diez compañeros, nos han asesinado, nos desaparecieron a dos más. El presidente ejidal en ese entonces, José de Jesús Robledo Cruz, ya había sido levantado en 2017, lo sacaron del ejido, no supimos de él porque lo tiraron a muchos kilómetros del ejido, lo amenazaron con matarlo si regresaba, entonces él se va. Aparece nuevamente en 2020, se atreve otra vez a regresar. Ya no al poblado donde tenía su casa, sino al ejido en medio de la nada y ahí está por unos meses hasta que vuelve a ser levantado, pero esta vez sí fue asesinado junto con su esposa. Junto con los cuerpos de él había una cartulina donde venían los nombres de todos los demás que estábamos en resistencia, venían el nombre de otros 11 compañeros, incluyendo dos que ya habían sido asesinados’.
Con todo en contra, los ejidatarios de El Bajío se han mantenido en lucha. Piden que se cumplan con las 67 sentencias, lo cual sería algo histórico, no sólo para México, un país marcado por la devastación, el despojo y las malas condiciones a las que la minería expone a sus trabajadores —como ha quedado demostrado una vez más con el desplome de hace una semana de una mina de carbón en Coahuila—, sino para toda América Latina, en donde estos abusos se repiten de un país a otro.
Actualmente, como ha informado la comunidad de El Bajío, las tierras están en manos de los ejidatarios, que lograron el desalojo de la Guardia Nacional que les impedía el acceso a sus tierras el 26 de marzo de 2020 tras una protesta que realizaron en Palacio Nacional. Aunque desde antes las han recuperado en distintos hechos, como han reseñado la propia comunidad: pese a que en 2009 los ejidatarios interpusieron el primer juicio agrario cuya sentencia indicaba que la empresa debía desalojar el ejido, no dejó el lugar sino hasta cuatro años más tarde por orden de las fuerzas de orden público.
Sobre ese episodio, el representante ejidal Jesús Javier Tomás recordó que cuando entraron en 2013 a sus tierras se dieron cuenta que había una ciudad pequeña con hospitales, oficinas, cajeros automáticos. ’Una ciudad de primer mundo ahí estaba en medio del desierto. Tenían medio ejército custodiándolos y a parte su seguridad privada. Era bastante grande el contingente que tenían policial ahí en las tierras nuestras. Una vez que tenemos acceso nosotros y que vemos el daño, demandamos a la minera nuevamente. Ahí sí ya le estamos denunciando daño, perjuicios y la devolución del oro porque para nosotros fue ilegal su ocupación, como se demostró en los juicios que se sustanciaron’.
La empresa volvió a ingresar de manera ilegal en el ejido en el 2019 y finalmente en 2020 lograron expulsarla. Los ejidatarios desde entonces han solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador la ejecución de las 67 sentencias a su favor.
