La candidata por Va por México a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, es señalada de haber realizado fraude inmobiliario por más de 115 millones de pesos mientras estuvo al frente de la alcaldía de Cuautitlán Izcalli (2009-2012).
De acuerdo con los varios vecinos de la Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo el fraude habría sido realizado mediante la simulación en la compra-venta de 1mil 49 casas a la empresa Promoción y Desarrollos Urbi, la cual dejó inconclusa las obras y les vendió a sobreprecio, refiere una denuncia interpuesta el 26 de abril de 2011.
Según denuncias de los vecinos, las viviendas vendidas entre $1.7 y $2.5 millones de pesos en fraccionamientos en el Estado de México presentan vicios ocultos y no tienen acta de término de obra, lo que impide recibir servicios municipales.
Los propietarios denuncian una sobretasa en la compra y una disminución del valor de la vivienda del 40%. Exfuncionarios mexiquenses como Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila, así como inmobiliarias como Urbi, están involucrados en las denuncias. Los vecinos comparan este caso con el Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y afirman que las mayores causas del problema están en el Estado de México.
En el Estado de México, se ha denunciado un caso similar que inició en el año 2004, durante el mandato de Arturo Montiel Rojas como Gobernador y Alfredo Durán Reveles como Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli. Según relatan los vecinos afectados, la Empresa Constructora de Vivienda CYD Desarrollos Urbanos adquirió parcelas de ejidatarios en Tultitlán, sin tener el dominio pleno, y logró la expedición de una escritura pública con ayuda de un notario público.
Este caso de presunta corrupción inmobiliaria ha afectado a otros municipios, como Cuautitlán Izcalli, y ha generado dos denuncias contra exservidores públicos que se encuentran en instancias judiciales, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM). Los vecinos unidos en el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna exigen justicia y transparencia en el otorgamiento de permisos de construcción.
En Cuautitlán Izcalli, se ha denunciado un presunto caso de corrupción inmobiliaria que involucra al municipio y a la empresa Urbi. La situación comenzó en mayo de 2006 cuando se autorizó la compra y venta de créditos de 1,049 casas por parte de Urbi Hacienda Balboa, que promocionaba el conjunto urbano como ’La alegría llegó a Cuautitlán Izcalli’.
Sin embargo, los compradores se dicen estafados y la construcción de los fraccionamientos Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo no corrió a cargo solo de Urbi, sino que intervino el Estado a través de Sociedad Hipotecaria Federal, que liberó dos fianzas (dinero público) para la realización de estos proyectos que fueron entregados sin cumplir requisitos como estructura hidráulica, contratos de luz y otras obras de urbanización. La entonces alcaldesa Alejandra del Moral también fue señalada por la simulación de entrega-recepción de estas casas en 2009, apenas cuatro meses después de asumir el cargo.
’Alejandra del Moral simuló el Acta de Entrega Recepción del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa con una entrega parcial donde recibió las obras de las Vías Públicas, pero no las obras de Urbanización y con esto legitimó la ilícita devolución de recursos a Urbi’, dijo a nombre de los vecinos Humbertus Pérez Espinoza, dirigente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna.
En relación al caso del Conjunto Habitacional "URBI HACIENDA BALBOA" en México, el economista e historiador Pérez denuncia que la exalcaldesa Alejandra del Moral avaló la devolución de 115 millones 595 mil 650 pesos a la empresa Promoción y Desarrollo Urbi mediante una simulación de entrega-recepción de casas. Esta acción ilegal dio lugar a una denuncia penal presentada por los vecinos, sobre la cual SinEmbargo tuvo acceso a 25 pruebas en las que se sustenta el delito grave de fraccionadores cometido por la empresa.
Pérez sostiene que el acta de entrega parcial con fecha del 3 de diciembre de 2009 es ilegal porque la entrega debería haber sido total y definitiva ante la falta de dos prórrogas.
Además, el documento contiene una serie de actos simulados en los que se señala que se entregan parcialmente obras de urbanización y equipamiento con un valor de 44 millones 211 mil 278.81 pesos.
El monto depositado fue equivalente al 20 por ciento, es decir, 8 millones 842 mil 255.76 pesos. Este caso sigue en investigación penal por parte de la Fiscalía del Estado de México.
’Se simula que se entrega de manera parcial 26,129.53 m2 de obras de urbanización, cuando en realidad lo que se entregó son obras de infraestructura primaria consistente en vialidades’, explicó Humbertus.
Estas irregularidades que cometió Urbi en el fraccionamiento Hacienda Balboa, en presunta colusión con exfuncionarios estatales y municipales, se acreditaron también en otra denuncia que se había formulado con anterioridad, el 19 de febrero de 2009, y que los vecinos señalan que Del Moral tenía conocimiento.
’Ella tenía conocimiento mediante el expediente que obra en su poder de que la constructora estaba incumpliendo los términos para los que fue otorgado el Acuerdo de Autorización y aún así simuló que se entregaban las obras’, dijo una de las vecinas que encabezan esta lucha.
Los vecinos denuncian que en el Estado de México las inmobiliarias recibieron millones de pesos del erario público, y una Secretaría liberó una fianza de más de 115 millones de pesos sin fundamento normativo.
’Se presenta de manera reiterada la participación y cooperación de los servidores públicos en el delito cometido por fraccionadores, estas conductas delictivas las acreditamos con la simulación de los actos jurídicos que se presentan en la acta de entrega parcial de fecha 3 de diciembre de 2009, con el agravante que la participación de los servidores públicos se amplía a los servidores públicos del municipio de Cuautitlán Izcalli como Paulina Alejandra del Moral Vela, presidenta municipal constitucional, Ana Silvia Roa Moreno, Secretaria del H. Ayuntamiento, Jorge Alfredo Zavala Hernández, Director de Medio Ambiente y Desarrollo y Armando Domínguez Ávila, Director General de OPERAGUA y por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México, los servidores públicos responsables son: Jorge Ortega Chávez, Director General de Control Urbano, José Antonio Albiter Velázquez, Subdirector de Municipalización y Alejandro Carmona Sánchez, Jefe de Departamento’, se lee en la denuncia del 26 de abril de 2011.
Pero el delito de fraccionadores no sólo se presenta por las conductas delictivas desplegadas por la constructora y los servidores públicos señalados con anterioridad, también esta conducta delictiva se acredita por la participación de terceros que enajenaron y comercializaron lotes y no cumplieron con los requisitos prometidos.
Los terceros están compuestos por la Sociedad Hipotecaria Federal, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Hipotecaria Su Casita y dos notarios públicos del Estado de México que avalaron estos documentos: el notario público 133 en Atizapán de Zaragoza, el licenciado Guillermo Alberto Rubio Díaz, y la número 138 en Tepotzotlán, la licenciada Teresa Peña Gaspar.
Ante estas irregularidades en donde se vieron involucrados servidores públicos mexiquenses, el 31 de julio de 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en donde reconoce que ’no hubo unidades de evaluación en el Banco de Desarrollo y en tal sentido las casas del Conjunto de Urbi Hacienda Balboa fueron sobrevaluadas por más del 50 por ciento de su valor real’.
La CNDH también le pide a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la entonces PGR que resuelva y determine las investigaciones de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011, toda vez que ya habían pasado en ese entonces tres años y cuatro meses desde que se presentó la denuncia penal y con esa dilación se vulneraban los derechos humanos y la seguridad jurídica de los vecinos integrantes del Frente Mexiquense.
Si bien toda esta trama de supuesta corrupción inmobiliaria en Cuautitlán Izcalli se concretó en los gobiernos de Alfredo Durán Reveles (2003-2006), David Ulises Guzmán Palma (2006-2009) y Alejandra del Moral (2009-2012), los vecinos de los fraccionamientos Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo han pedido a los alcaldes posteriores que retomen el caso y ejecuten una Controversia Constitucional que sus predecesores ignoraron.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional que el Gobierno del Estado autorice la construcción de Conjuntos Urbanos y se ordenó en ese entonces que la Secretaría de Desarrollo Urbano restituya el dinero a los municipios.
En esta nueva administración municipal, la cual encabeza desde el 1 de enero de 2022 la panista Karla Leticia Fiesco García, los vecinos presentaron un juicio de amparo ante el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Naucalpan, para que la Presidenta Municipal de Cuautitlán haga la recuperación del dinero de los fraccionamientos.Con información de Guadalupe Fuentes López | SIN EMBARGO
