Siempre un agujero puede hacerse más profundo mientras más se cava y éste parece ser el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), pues con tal de que la justicia no llegue hasta sus últimas consecuencias -el rector y la misma Sosa Nostra-, exigieron a la Procuraduría General de Justicia local (PGJEH) que proceda la presunta tentativa de privación ilegal de la libertad en contra de alumnos de su propia comunidad universitaria.
Y es que el día de ayer la PGJEH procedió en contra de un integrante del Consejo Estudiantil quien por órdenes de su líder, quien a su vez estaba bajo el mando del rector de la UAEH Octavio Castillo Acosta, agredió a estudiantes el pasado 19 de septiembre, condición por la que la Procuraduría juzgó como suficientes los elementos probatorios ofrecidos por los afectados para determinar una orden de aprehensión y así deslindar responsabilidades en pleno derecho.
Es así que, temiendo los directivos por su propia libertad al ser los autores intelectuales de las agresiones, solicitaron mediante un escrito resoluciones equitativas por las denuncias vertidas por la propia institución por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, amenazas y lesiones, es decir, que ofrecieron como carne de cañón a alumnos de la propia institución -muchos de ellos señalados falsamente- para salir avantes de las investigaciones, condición que se comprobó en la segunda parte del oficio donde piden “respeto a la autonomía” -para dejar impunes los hechos delictivos evidenciados por diversos medios- so pena de reiterar las “demandas de judicialización inmediata” en contra de los alumnos disidentes.
El episodio protagonizado por la directiva universitaria se torna más lamentable pues ya no sólo se ha evidenciado que el mismo rector estuvo detrás de la represión sufrida por los estudiantes disidentes, sino que para “salvar su pellejo”, piden o bien exoneración (para que la misma institución negocie las sanciones y proteja a sus esbirros) o bien que se judicialice a los estudiantes inconformes por un supuesto intento de privación ilegal de la libertad que nunca existió, es decir, que arresten a los disidentes por un supuesto delito que nunca sucedió.
