El concepto de vivienda de interés social en México enfrenta actualmente una crisis debido a la reducción de los subsidios para su producción, el aumento desmedido en el costo de las propiedades que supera los incrementos salariales y la inflación, así como el incremento en las tasas de interés y la burocracia involucrada en los trámites, entre otros factores.
En la actualidad, existe una clara falta de oferta de viviendas asequibles para satisfacer la demanda de aquellos que buscan acceder a una vivienda digna y asequible. Esta situación evidencia una brecha en la aplicación de las leyes del mercado, que parecen funcionar únicamente cuando resultan beneficiosas para ciertos actores.
Según el informe "Situación Inmobiliaria 2023" elaborado por BBVA México, el 80.8% de la demanda potencial de vivienda en el país se encuentra en los segmentos económico, popular y tradicional, que comprenden viviendas con un valor de 362,000 a 946,000 pesos.
Sin embargo, al comparar con el volumen de unidades inscritas en el Registro Único de Vivienda (RUV), se descubrió que hasta junio de 2023, solo se había logrado cubrir el 15.8% de la demanda a nivel nacional.
En el estado de Nuevo León, que cuenta con aproximadamente 100,000 unidades registradas, se estima que se podría atender el 80% de la necesidad de viviendas de interés social. Por otro lado, la Ciudad de México enfrenta una situación preocupante, ya que la cobertura es de apenas el 0.7%. Esto se debe a una demanda de 340,000 viviendas y menos de 1,000 registradas.
Luis Alberto Moreno Gómez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), ha destacado la gravedad de esta problemática, ya que afecta de manera directa a las personas con menores ingresos que requieren un hogar de manera urgente.
’Se está trabajando fuertemente en sectores de la vivienda en los que no está la demanda potencial, donde no está la gente que lo necesita urgentemente. Debemos crear un plan en el que todos los actores intervengan para homologar criterios y mecanismos en beneficio de la industria y de la sociedad, especialmente, aquella a la que no se está atendiendo’, comentó el líder del sector.
Sin embargo, al comparar con el volumen de unidades inscritas en el Registro Único de Vivienda (RUV), se descubrió que hasta junio de 2023, solo se había logrado cubrir el 15.8% de la demanda a nivel nacional.
En el estado de Nuevo León, que cuenta con aproximadamente 100,000 unidades registradas, se estima que se podría atender el 80% de la necesidad de viviendas de interés social. Por otro lado, la Ciudad de México enfrenta una situación preocupante, ya que la cobertura es de apenas el 0.7%. Esto se debe a una demanda de 340,000 viviendas y menos de 1,000 registradas.
Luis Alberto Moreno Gómez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), ha destacado la gravedad de esta problemática, ya que afecta de manera directa a las personas con menores ingresos que requieren un hogar de manera urgente.
’Esto demuestra que, si no volteamos a ver el segmento de vivienda social, difícilmente el mercado hipotecario va a despegar. Es una gran tarea que hay en el mercado en particular’ aseveró Samuel Vázquez, economista principal de BBVA.
Una de las múltiples consecuencias de la escasez de vivienda asequible es la proliferación de cinturones urbanos sin un adecuado ordenamiento territorial. Esta situación, señalada por Marissa González, economista senior en BBVA Research México, conlleva a la precariedad en la provisión de servicios básicos como agua, luz y drenaje para atender a la creciente población.
’Hay que tener mucho cuidado en permitir el desarrollo urbano ordenado para esta vivienda de interés social que les permita a los hogares mantener sus costos de transporte, educación, consumo, saludo, entre otros’, agregó.
En este sentido, el presidente de Canadevi agregó que, si bien este fenómeno ha surgido como una problemática de carácter económico, poco a poco se ha trasladado a ser un conflicto social.
Según el representante empresarial, los municipios, los estados y la federación destinan alrededor de 140,000 millones de pesos al año para subsanar los predios irregulares, es decir, asentamientos humanos que se construyen en terrenos sin servicios y sin certeza jurídica: ’debemos tomar la responsabilidad de que no hemos podido contener esto con oferta de carácter formal’.
El principal desafío en la construcción de viviendas de interés social es lograr contener los costos de producción de manera que los desarrolladores puedan ofrecer unidades a precios accesibles sin comprometer su margen de ganancia.
En relación a este tema, Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, resalta la necesidad de implementar una política de subsidios que ayude a la población a hacer frente al costo de estas viviendas.
El establecimiento de subsidios es crucial para garantizar que las unidades de interés social sean asequibles para aquellos que lo necesitan. Estos subsidios pueden provenir tanto del gobierno como de organismos financiero, con el objetivo de apoyar a las familias de bajos ingresos en la adquisición de una vivienda adecuada.
’Se debe asegurar que estos subsidios sean capturados en su totalidad por los compradores, de tal suerte que reciban un monto de dinero que se destine a la adquisición de viviendas que cumplan con las normas de calidad en su edificación y hay que asegurar que el beneficiario va a ocupar la casa por un periodo razonable de tiempo’, añadió.
Finalmente, el presidente de Canadevi remarcó que la etapa previa a las elecciones del 2024 es el momento justo para presentar una propuesta integral de vivienda a todos los candidatos, con el fin de trazar una ruta de acción hacia un mismo objetivo.
’Si no nos ponemos a trabajar a través de la oferta, la regulación y de la motivación para catapultar la demanda, no vamos a alcanzar nunca los niveles de satisfacción para estas personas. Siempre vamos a vernos rebasados por la informalidad’, concluyó el representante de Canadevi.Samanta Escobar | EL ECONOMISTA
