Indefensos

• Metidos en negocios, soldados y guardias ’olvidan’ seguridad de un pueblo a merced del crimen

El secuestro de cuatro empleados de una pollería en Toluca, Estado de México nos mostró la crudeza con que actúa el crimen organizado cuyas actividades no se circunscriben al tráfico de drogas ya que gracias a la impunidad de que gozan, se ampliaron a la extorsión o cobro de piso en el comercio, producción agropecuaria y la adquisición de negocios lícitos que les sirven para obtener ingresos reportables a Hacienda y como fachada para lavar dinero.
Lejos están los días en que la lucha contra la delincuencia era por el tráfico de drogas, personas, armas o artículos robados. Esa guerra que en tiempos de Felipe Calderón se advertía que de no realizarse, caeríamos en un narcoestado.
No tardaron muchos años, sólo bastó un sexenio para que la sentencia se cumpliera con todas sus consecuencias, incluyendo 175 mil asesinatos y los 47 mil desaparecidos que el ganso quisiera borrar con un discurso y fallidos mecanismos de cuentas o demagogia. No podrá.
Hoy por frenar esa lucha que efectivamente costaba vidas, el número de víctimas mortales se duplicó en tanto que la criminal pasividad del gobierno federal propició un crecimiento exponencial de la delincuencia a grado tal que hoy enfrentarla como en los tiempos de los neoliberales, costaría muchas decenas de vidas, la caída de prominentes empresarios y más de un alto funcionario de las administraciones federal o estatales.
Porque más allá de la sospecha fundada de que el mesías tropical pactó con delincuentes, existen muchas pruebas de gobernadores (Sonora) y presidentes municipales que lo hicieron ya sea por plomo o plata, el caso es que hay entidades y municipios entregados a la administración criminal solapada por la autoridad federal, llámese Presidencia, Fiscalía General de la República, secretaría de la Defensa o Guardia Nacional.
La prueba fehaciente de ello es que contrario a otros sexenios, hay más muertos, más territorios con sus poblaciones sojuzgados por criminales a la vista de los soldados y en contrario los decomisos y detenciones de hampones está en descenso. Ni hablar del aumento de desaparecidos o de quienes huyen disfrazados de migrantes indocumentados que son deportados de Estados Unidos.
Miles de ellos, humildes o poderosos abandonan todo para escapar de la amenaza criminal que lo mismo decomisa ranchos que empresas sin que alguna autoridad lo pueda impedir.
Una más de esas pruebas, la dan esas mujeres buscadoras de desaparecidos que son repudiadas en Palacio Nacional y recurren a los delincuentes a solicitar permiso, seguridad para intentar encontrar a sus muertos esos que se insiste en revictimizar desapareciéndolos de nuevo de las listas de ausentes.
Es decir que no sólo asesinados y desaparecidos son víctimas del crimen desacatado y protegido por el profeta de la 4T sino también los secuestrados, extorsionados y amenazados, incluyendo a sus familiares que suman millones.
Los casos y rechazos están a la vista, esas víctimas que con sus reclamos intentan manchar una investidura presidencial inexistente que sólo sirve para el autohalago y alimentar la caja de aplausos de los incondicionales que se sirven de la corrupción derivada de la 4T donde todos, especialmente los más rateros caben y son perdonados siempre y cuando juren de rodilla fidelidad a ciegas o se humillen al grado de desear no ser nada.
Así, el pueblo bueno y sabio, el aspiracionista y hasta el neoliberal y conservador, no tiene dónde acudir. De hecho desconfía de una autoridad que considera cómplice de los criminales, de los victimarios y que en sus niveles altos sólo sirve, como está demostrado, para investigar y perseguir a los ’enemigos’ del régimen, a quienes no se suman al proyecto destructor del país y que no se doblan ante las amenazas y embates transformados en carpetas de investigación o encarcelamientos.
Por eso soldados y guardias nacionales, aturdidos sus mandos con prebendas, dinero a manos llenas, obras, empresas y subsidios multimillonarios, olvidan, porque además así se los ordenan su responsabilidad de otorgar seguridad a los mexicanos quienes inermes ceden o mueren ante un crimen cada vez más empoderado y no podría ser de otra forma en un país donde el narco no sólo extendió sus tentáculos sino que además, diversificó sus actividades para someter a humildes y ricos mediante amenazas, desapariciones o asesinatos.