Mientras en diversos estados del país se encuentra interviniendo el crimen organizado en las elecciones locales que se llevarán a cabo en 2024, Hidalgo es uno de las entidades que presentan menor riesgo de intromisión, de acuerdo con el primer reporte de violencia política de Integralia Consultores.
Según un informe reciente, se han identificado seis entidades con un riesgo muy alto de intervención de la delincuencia organizada en los comicios locales: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos. Asimismo, se mencionaron nueve entidades con un riesgo alto, que incluyen a Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz. En nivel medio se encontró la Ciudad de México, Quintana Roo y Puebla.
Con un nivel bajo se ubicaron Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Campeche y Oaxaca. Mientras que, con el menor riesgo de intromisión de la delincuencia se ubica Baja California Sur, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.
De acuerdo con la empresa de consultoría, el crimen organizado emplea diversas estrategias para influir en el proceso electoral, incluyendo asesinatos, agresiones, financiamiento de campañas, imposición de candidaturas, movilización o inhibición del voto, y alteración de la votación en casillas.
Según el documento, se prevé que la intervención de la delincuencia organizada se intensifique durante el 2024, principalmente debido a tres factores clave: la presencia de múltiples grupos criminales en conflicto armado, la proliferación de mercados ilícitos más allá del narcotráfico, y un récord histórico en el número de presidencias municipales en disputa.
El informe también señala otros factores de riesgo, como la debilidad de los estados de derecho debido a la poca resistencia de los tres niveles de gobierno, y la intervención en procesos donde existe una alta competitividad electoral que pone en riesgo la derrota electoral.
Los grupos criminales buscan principalmente controlar los gobiernos municipales para obtener recursos valiosos y operar con impunidad. La captura de estos gobiernos puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales representan una oportunidad para consolidar su autoridad desde el inicio de las nuevas administraciones.
’En 2024 Integralia ha contabilizado 21 eventos de violencia político-electoral, asociados con 32 víctimas; los homicidios contra funcionarios públicos y aspirantes han sido la manifestación más frecuente’, denunció la empresa, en su reporte.
Según Armando Vargas, consultor de Integralia, el proceso electoral de este año podría convertirse en el ’más ensangrentado’ en la historia de la democracia mexicana. Ante esta situación, hizo un llamado a una acción más enérgica por parte del Estado mexicano, instando a reconocer la magnitud del problema y tomar medidas efectivas para enfrentarlo. Esto en parte por la falta de capacidad por parte de las autoridades electorales y los partidos políticos para abordar esta problemática que ha venido surgiendo desde hace décadas por el abandono político.
’Al día de hoy, en este momento las autoridades electorales, los partidos políticos, las instituciones de seguridad y los tribunales judiciales no tienen capacidades para evitar este problema. (La incidencia del crimen organizado) ha sido consecuencia de un abandono político e institucional de hace décadas… que se va a corregir si se comienzan a realizar acciones en este momento a muy largo plazo’, señaló el especialista.Con información de EL ECONOMISTA
