El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) firmó cinco convenios para colaborar con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), perteneciente al empresario Claudio X González.
Entre 2016 y 2021, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) estableció al menos cinco acuerdos de colaboración con Claudio X González Guajardo, quien es un importante promotor de la candidatura de Xóchilt Gálvez. Estos convenios implicaron que la institución educativa pública cediera al empresario la supuesta "enseñanza" del periodismo.
Algunos de estos acuerdos también involucraron a representantes de su organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), como María Amparo Casar Pérez y el abogado Gerardo Carrasco Chávez, quien ahora es miembro del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, una asociación que ha estado litigando contra el gobierno federal, y que promovió, por ejemplo, los juicios para que Xóchilt Gálvez y Denise Dresser accedieran a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de MCCI, el CIDE le otorgó al accionista de la multinacional Kimberly Clark la capacidad de influir en el plan de estudios del Diplomado en Periodismo de Investigación, proponer ponentes e incluso ejercer como académico honorario, lo que le permitió impartir clases sin recibir retribución económica. Además, la institución educativa le encomendó seleccionar hasta 70 periodistas que tomarían el curso en cada una de sus siete ediciones, evaluar sus proyectos investigativos y conseguir patrocinios, ya que cada estudiante debía cubrir una cuota de 35 mil pesos.
Los acuerdos también permitieron que la mayoría de los ’docentes’ fueran trabajadores o aliados de Claudio X González Guajardo y de su asociación civil. Con ello, los exdirectivos del CIDE, encabezados por el doctor Sergio López Ayllón, dejaron en manos de un empresario la ’enseñanza’ de una rama de las ciencias sociales que exige independencia frente a los poderes institucionales y fácticos –donde se coloca el poder económico-empresarial–. Ello, porque el periodismo de investigación tiene por objetivo precisamente escudriñar tanto al sector público, como al privado y al social para revelar sus abusos, ilicitudes e ilegalidades.
Asimismo, al permitir que un representante de la oligarquía mexicana creara y condujera a modo el diplomado, los entonces directivos del CIDE soslayaron otros principios rectores del periodismo de investigación, como el hecho de que éste sólo es posible si se rige por los valores éticos de la profesión.
Como Contralínea lo documentó, desde su creación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad permitió a todos sus integrantes, incluidos ’reporteros’, recibir dinero, regalos, cortesías, descuentos o cualquier otro beneficio económico a título personal con motivo de sus funciones en la organización.
Al respecto, la Carta mundial de ética para periodistas señala que ’el o la periodista no debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de terceros y debe abstenerse de recibir cualquier provecho por la difusión o no difusión de información. Evitará, o pondrá fin, a cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en el ejercicio de su profesión’. Nada de ello importó a la hora de elegir a MCCI como la asociación rectora del diplomado del CIDE.
Este nexo tampoco se menoscabó por el hecho de que la asociación civil tuviera como financiadores a un gobierno extranjero –el de Estados Unidos– y a corporaciones como la propia Kimberly Clark, la Fundación Maelva –del empresario Valentín Diez Morodo–, la Fundación Kaluz –del empresario Antonio del Valle Perochena– y el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana –del empresario Alejandro Joaquín Martí García, ya fallecido.
Ello, a pesar de que la teoría del periodismo de investigación observa tres características fundamentales para esta especialidad: 1) que el tema sea iniciativa del propio periodista y no de sus jefes, sus fuentes o algunos otros actores en posición de poder; 2) que la investigación sea producto del trabajo del periodista y no de terceros; y 3) que alguna persona o grupo en posición de poder institucional (gubernamental) o poder fáctico (corporaciones –por ejemplo, Kimberly Clark–, empresarios, medios de comunicación, asociaciones civiles, farmacéuticas, crimen organizado o de cuello blanco, sindicatos, religiones, etcétera) busquen ocultar la información.
Esto garantiza la independencia de intereses ruines y que la revelación periodística sea sobre hechos ilegales, ilegítimos o inmorales causados por instituciones públicas o intereses privados, que lastiman a sectores sociales sobre todo en situación de vulnerabilidad, y que deben cambiar.
Que el CIDE, una institución educativa de carácter público, permitiera a un grupo empresarial tener esa incidencia en la ’enseñanza’ del periodismo ocurrió, entre otras cosas, porque desde que Claudio X González Guajardo fundó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a fines de 2015, el entonces director de la escuela, Sergio López Ayllón, se integró a su ’Consejo Consultivo Ciudadano’, posición desde la cual colabora con ese grupo de presión.
Además, porque en los sexenios pasados el sector de las ciencias no estuvo alejado de la cooptación empresarial y de investigadores de corte neoliberal: corporaciones como Kimberly Clark se hicieron de millones de pesos vía incentivos para tecnologías desde el propio Conacyt y la Sagarpa. Esos intereses terminaron capturando instituciones educativas como el CIDE.
Lejos de ser objeto de escrutinio, la trasnacional de la familia González y el propio líder moral de la oposición se presentaron como mecenas del periodismo. Así, lograron estar casi ausentes de la fiscalización mediática, pese a su papel como promotores de campañas para incidir en resultados electorales –algo que data desde 2006, con la propaganda de ’AMLO, un peligro para México’–, los beneficios fiscales que recibieron en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la sobreexplotación de mantos acuíferos de sus empresas, el envío de recursos a paraísos fiscales.
La propia postura de la AC que fundó Claudio X González Guajardo debería ser objeto de más investigaciones periodísticas: su actual presidenta María Amparo Casar ha promovido la opacidad de instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal al promover la campaña de ’el Poder Judicial no se toca’; y lo mismo con organismos autónomos como el INE –de Lorenzo Córdova– y el Inai, uno de sus principales aliados.
Aunado a ello, al inicio del sexenio de López Obrador, Claudio X y Mexicanos Contra la Corrupción promovieron la creación del colectivo #NoMásDerroches –en sociedad con las organizaciones Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Confederación Patronal de la República Mexicana, Consejo General de la Abogacía Mexicana y México Unido Contra la Delincuencia– e interpusieron más de un centenar de juicios de amparo contra la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y otras tantas demandas para frenar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, y contra el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Obras que han sido criticadas desde espacios supuestamente periodísticos por María Amparo Casar, contratada por el CIDE como académica en 2007, tras dejar su puesto como coordinadora de asesores del panista Santiago Creel en la Segob.
La cara visible del colectivo #NoMásDerroches fue el abogado Gerardo Carrasco Chávez, entonces director del área de Litigio Estratégico de MCCI –cargo que ocupó desde enero de 2017 hasta octubre de 2021–, y quien ahora se desempeña en la misma estrategia contra el gobierno federal pero desde otra AC de Claudio X: el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Carrasco Chávez fue uno de los representantes de la asociación civil que firmó los convenios con el CIDE para impartir ’clases de periodismo’.
Apenas seis meses después de que Claudio X González Guajardo fundó la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, uno de los integrantes de su Consejo Consultivo Ciudadano –López Ayllón– lo benefició con el primer convenio general de colaboración con el CIDE: FSGJ/074/2016 MVCI/01/2016.
Firmado directamente por el empresario y por María Amparo Casar Pérez, ambos en representación de MCCI, y por Juan Manuel Torres Rojo, por parte del CIDE, el convenio revela que se pactó el 4 de mayo de 2016, mientras que la AC se fundó el 19 de noviembre de 2015.
Entre otras cosas, en este se apuntó que el objeto era ’establecer bases generales y mecanismos para el desarrollo de proyectos y acciones de interés y beneficio mutuo relacionadas con la docencia, investigación y vinculación en materia prevención y combate a la corrupción y la impunidad en México’.
Para ello, también se acordó que en el futuro se firmarían convenios específicos para elaborar programas y proyectos conjuntos, donde quedarían asentados los compromisos, incluidos los económicos.
A partir de ese primer convenio, se signaron al menos otros cuatro, de los que Contralínea tiene copia: FSGJ/032/2017 MVCI/01/2016/CE-01/2017; FSGJ/110/2018 MVCI/01/2016/CE-01/2018; FSGJ/112/2019; y FSGJ/010/2021. Todos fueron destinados al desarrollo del Diplomado de Periodismo de Investigación del CIDE, en sociedad con MCCI.
En estos se acordó que los planes y programas los desarrollaría la institución educativa de mutuo acuerdo con la asociación civil de Claudio X, y cualquier cambio sería notificado a MCCI; lo mismo ocurría con la plantilla de ponentes. No obstante, de los documentos llama la atención que en todas las ediciones, predominantemente daban clases los integrantes de la asociación civil.
Incluso, en las ediciones 2017, 2018 y 2019, el empresario Claudio X González Guajardo figuró como ponente en las sesiones inaugurales, y en los archivos del CIDE fue registrado como académico honorario sin paga.
Otro dato en los convenios que llama la atención es el caso de María Amparo Casar –excoordinadora de asesores del panista Santiago Creel Miranda, cuando éste se desempeñó como secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox–, pues se le ubica en una dualidad de académica del CIDE y ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción al mismo tiempo.
Además, de acuerdo con el calendario de sesiones de la edición 2021, se invitó como expositores a representantes de la agencia USAID, dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos y financiadora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; y de la Fundación Ford, mecenas de asociaciones civiles opositoras al gobierno de López Obrador.
También sobresale la participación de funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), en particular el caso del ahora comisionado presidente Adrián Alcalá. Y es que el Inai ha sido aliado permanente de Claudio X González Guajardo: ante esa instancia, MCCI promovió una queja para censurar al presidente López Obrador; mientras que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovió juicios contra el Senado de la República para que sean nombrados los tres comisionados faltantes, litigios que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde esa posición, el empresario también se vinculó con diversos medios de comunicación, que se comprometieron a enviar sistemáticamente a sus reporteros a formarse en el diplomado bajo la óptica que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tiene del periodismo. Además, Claudio X González Guajardo se alió a la Fundación Gabo, con lo que obtuvo una especie de prestigio internacional como mecenas de periodistas.
Ni el CIDE en la época de López Ayllón, ni los medios, ni la Fundación Gabo cuestionaron a MCCI por su falta de independencia frente al poder económico empresarial, liderado por Kimberly Clark, ni por su nexo con el gobierno de Estados Unidos mediante la USAID. Tampoco cuestionaron que la asociación civil estableciera en su Código de Ética que sus colaboradores podían aceptar sobornos. A la fecha, la organización coloca en algunas corporaciones mediáticas sus textos, como si se tratara de trabajos periodísticos legítimos, cuando la mayoría de ellos son montajes, verdades a medias o falsedades.
Y como lo demostró Contralínea, por esos textos, la asociación civil paga de 500 mil hasta 3 millones de pesos individualmente, algo inaudito en el gremio periodístico, donde la mayor parte de los reporteros sobrevive en condiciones de precariedad. Nancy Flores | CONTRALÍNEA
