En México, el sector inmobiliario se ha convertido en una herramienta para grupos criminales, quienes lo ocupan para blanquear recursos ilícitos, de acuerdo con datos de Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización dedicada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Para combatir este problema, en 2013 se implementó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado. Esta ley tiene como objetivo limitar el riesgo de lavado de dinero en diversas actividades económicas no financieras, entre las cuales se incluye la construcción, el desarrollo, la intermediación y la compraventa de bienes inmuebles.
De acuerdo con esta normativa, cualquier persona o empresa involucrada en estas actividades debe identificar a sus clientes, sin importar el monto de la operación. Además, deben presentar avisos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando la operación de compraventa sea igual o superior a 8,025 UMAS, lo que actualmente equivale a 832,513.50 pesos.
En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa, están previstas multas que pueden ascender desde los 20,748 hasta los 207,480 pesos por no completar el expediente de un cliente o usuario. Además, las multas pueden ser de 1 millón 37,400 a los 6 millones 743,100 pesos por omitir la presentación de un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Antonio Nava, socio del despacho NM Consultores, explicó que la actividad inmobiliaria representa un riesgo de lavado de dinero por distintos factores, especialmente porque los delincuentes buscan materializar su dinero ilícito en un bien de valor tangible.
"Las personas que lavan dinero buscan materializar ese dinero sucio en un bien de valor tangible, como puede ser una propiedad o un terreno, por eso es que es atractivo para la gente que lava dinero adquirir propiedades e inclusive construir", declaró Nava.
De acuerdo con información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera, desde el año 2013 hasta agosto del año pasado se han presentado un total de 2 millones 517,660 avisos al SAT por concepto de derechos personales de uso o goce de inmuebles, así como 1 millón 50,829 avisos por transmisión de derechos sobre bienes inmuebles. Además, ha habido un total de 50,878 avisos por desarrollo inmobiliario desde el año 2017 hasta el octavo mes del presente año.
"Creo que todavía falta mucho trabajo por hacer para que el sector inmobiliario realmente este 100% incorporado a los temas de prevención de lavado de dinero y que estás comercializadoras y desarrolladoras de inmuebles se pongan a cumplir", apuntó Nava.
Según el especialista mencionado, las empresas deben seguir dos pasos fundamentales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sector inmobiliario. En primer lugar, deben registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En segundo lugar, es importante establecer medidas básicas de prevención, como elaborar un manual que establezca directrices claras para prevenir esta actividad ilícita.
Además, Antonio Nava enfatizó la importancia de designar a una persona responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones en esta área. Asimismo, es crucial implementar controles operativos eficientes para monitorear las operaciones y cumplir con los avisos requeridos por las autoridades en tiempo y forma.
Recientemente, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización dedicada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ha publicado una actualización de su guía sobre el enfoque basado en riesgos para el sector inmobiliario. Según este informe, en México, el 77% de las infracciones en este sector se deben a la falta de medidas adecuadas para realizar la debida diligencia del cliente.
En el documento, el GAFI resalta la necesidad de que las jurisdicciones sean más proactivas al establecer y seguir las directrices sugeridas para prevenir el lavado de dinero en la industria inmobiliaria.Con información de Fernando Gutiérrez | EL ECONOMISTA
