Apuntes políticos

Hace unos días los diputados de la 62 Legislatura aprobamos una reforma que garantiza una mayor participación de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes en los procesos electorales.

En nuestra entidad 36 municipios tienen 40 por ciento o más, de la población con origen indígena o afrodescendiente, situación que no se refleja en la composición del Congreso local, ni en la distribución del poder en los municipios.

Hay ejemplos aún más dramáticos de subrepresentación en municipios de la Montaña, con población de hasta un 80 por ciento con este origen, sin que tengan esta representación popular.

Al plasmarse esta acción afirmativa en el texto legal, establece un piso histórico en materia de derechos indígenas y afromexicanos en el estado de Guerrero, donde por primera vez se establece en la ley electoral la obligatoriedad para los partidos políticos de hacer valer este derecho.

Con la reforma, se garantiza la postulación de candidaturas a cargos de elección popular en por lo menos el 50% de los municipios y Distritos con 40% o más de población indígena o afrodescendiente, lo que sin duda alguna representa un avance.

Aún más, para el caso de ayuntamientos la propuesta es integral, 50% de fórmula de presidente y síndico o síndicos y 50% de la lista de regidores.

Esta aprobación generó algunas inconformidades en sectores debido a que no se procesaron adecuadamente las consultas, pero esto ocurrió por la crisis sanitaria que ha ocasionado la pandemia por Covid-19. El peor escenario era el naufragio total de la iniciativa pero no fue así.

Habrá quienes quieran ver el vaso medio vacío y están en su derecho, pero será interesante saber si van a disparar a la línea de flotación de la nave que ya va, para hacer retroceder este avance para sus hermanos.

Es cierto que no es suficiente ni resolverá de tajo demandas añejas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Para lograr el desarrollo de nuestros pueblos originarios, no basta promulgar leyes o reformas, si no se tiene la voluntad política para llevarlas a los hechos y que los presupuestos lleguen a quienes lo necesitan.

Aún cuando la Constitución de Guerrero establece en su Artículo 13 que el Gobierno del Estado en coordinación con las autoridades municipales generarán políticas públicas que promuevan el acceso a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, el rezago persiste.

Yo creo que es mejor reconocer que aún falta consolidar en las leyes el pleno reconocimiento a la cultura de nuestros pueblos originarios, promover su desarrollo, así como resolver las controversias en torno a la actuación de las policías comunitarias, con una visión unitaria, amplia, que no signifique romper con el modelo de procuración y administración de justicia.

Y no dudo, que es mejor avanzar paso a paso y saldar así deudas históricas.