La Sedena debe reconocer su participación en la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del EPR, señala el proyecto de sentencia que este miércoles votará la SCJN. Mandos militares deben ser citados a declarar en las investigaciones y que se deben abrir las instalaciones castrenses a una Comisión de Búsqueda.
El proyecto de sentencia que discutirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este miércoles confirma la citación de mandos militares para que declaren en la investigación que se sigue por la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Luego de 15 años de que Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueran detenidos y desaparecidos por efectivos castrenses, policiacos y civiles, el máximo tribunal del país estaría por ordenar una investigación exhaustiva sobre el paradero de los luchadores sociales, que podría implicar al expresidente Felipe Calderón.
El documento que será discutido en la Primera Sala de la SCJN fue elaborado por la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. No se señalan los nombres de los elementos militares que deben ser citados, pero sí sus grados militares: general de división, general de brigada, general brigadier, coronel, teniente coronel, teniente y mayor, entre otros.
Asimismo, el proyecto de sentencia confirma la apertura de instalaciones militares para buscar a los integrantes del EPR; ordena al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) prestar todas las facilidades necesarias para realizar las diligencias, y señala que esa dependencia castrense debe publicar en un diario de circulación nacional un extracto de la sentencia de amparo, como forma de aceptación de su responsabilidad institucional en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Con respecto de la Fiscalía General de la República (FGR), el proyecto de sentencia indica que debe publicar en su página principal de internet la investigación que se realiza y las pruebas que existen. Se podrán testar los nombres de los servidores públicos que participaron en la desaparición hasta en tanto haya sentencia ejecutoriada en su contra. Y ordena que la investigación deberá permanecer en el portal principal de internet de la FGR, como mínimo, hasta que se determine la suerte o paradero de Edmundo y Gabriel.
Con respecto de la Comisión Especial de Búsqueda, ordena a la FGR coordinar su creación. Dicho grupo sería encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda y participarán en él las comisiones locales de búsqueda de las entidades federativas en donde haya indicios de que las personas desaparecidas puedan ser localizadas.
También lo integrarán la Policía Federal Ministerial, la Sedena, la Secretaría de Gobernación y demás autoridades que considere necesarias, así como instancias internacionales de derechos humanos, a fin de que acompañen a las víctimas en las diligencias. El grupo deberá diseñar el plan integral de búsqueda a fin de realizar las diligencias correspondientes en los cuarteles militares.
El proyecto de sentencia confirma, sustancialmente, lo resuelto en el juicio de amparo por la jueza cuarta de Distrito, a favor de los quejosos desaparecidos y de sus familiares. Establece pautas, plazos y modalidades de cumplimiento de las medidas de reparación integral del daño.
De aprobarse, abriría la puerta para llamar a cuentas a quien entonces era el mando supremo de las Fuerzas Armadas: Felipe Calderón Hinojosa. El operativo para desaparecer a dos personas, una de ellas reconocida como integrante de la cúpula del Ejército Popular Revolucionario, ’evidentemente tiene que pasar por el más alto mando; al menos el secretario de la Defensa Nacional, y él tuvo que consultarlo con el presidente de la República’, considera el abogado Sandino Rivero.
El defensor de las víctimas abunda en que el EPR es uno de los grupos insurgentes con más fuerza y actividad en el país, por ello la participación de efectivos militares en los hechos. ’Me parece que la FGR, a partir de ese razonamiento podría citar a Calderón a comparecer. Eso daría elementos para que comparezca ahora. En la cadena de mando, el único civil que podía mandarlos es el presidente de la República. Habría que investigar entonces al civil que puede mandar al Ejército. En ese sentido, sí podría ser investigado Calderón’.
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del EPR y de su Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) fueron detenidos-desaparecidos la mañana del 25 de mayo de 2007. El operativo ejecutado en la ciudad capital de Oaxaca estuvo encabezado por el Ejército Mexicano. A un modesto hotel llegó un escuadrón de fusileros con sus 37 soldados y dos oficiales, elementos del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y decenas de efectivos de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública del estado. Todos ellos para detener a las dos personas desarmadas.
La operación fue coordinada desde la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, es decir, Inteligencia Militar, como reconoció la propia Sedena a la Comisión de Mediación (Comed), integrada en su momento para buscar a los activistas e intermediar entre el gobierno federal y el EPR.
Por los hechos –y gracias a la presión social de los familiares de las víctimas, organizaciones solidarias y al trabajo de los abogados– hay seis personas detenidas, todas policías ministeriales de Oaxaca. Falta que se detenga a quien fuera procurador de Justicia, Evencio Martínez Ramírez, y al titular de la Policía Ministerial en la época de Ulises Ruiz, Daniel Camarena. Ambos están prófugos y se ha emitido una ficha roja para que sean detenidos si son ubicados en el extranjero.
Llegar a la resolución amparo que se resolverá este miércoles cierra una etapa de un duro camino jurídico que se inició en 2007. Los abogados Sandino y Leonel Rivero se hicieron cargo del caso en 2009. Con un Estado encabezado por Felipe Calderón, todo estuvo en contra. El amparo que ha llegado a la Corte data de 2013 y se resolvió hasta 2019. Se encuentra en la SCJN porque lo que ya resolvió un tribunal colegiado no lo quiso acatar ni la FGR ni la Sedena. Ambas dependencias han seguido litigando en contra de su cumplimiento.
Observa Sandino Rivero que la negativa de la FGR es porque, como ministerio público, tenía que citar a mandos militares. Y la Sedena, porque tenía que permitir la apertura de cuarteles a una comisión de búsqueda. Es decir, los motivos son políticos.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ningún ministro hizo suya la atracción y se quedó sin cumplir la queja hasta 2019. Una jueza del Juzgado Cuarto de Distrito emitió una sentencia amplia en materia reparación del daño. Explica Sandino Rivero que la resolución ’repite lo que dijo el colegiado, años atrás de la comisión especial de búsqueda, la comparecencia de mandos militares, y la apertura de cuarteles; pero tuvo 20 medidas más de reparación’.
Incluso, la Sedena tuvo que publicar un extracto de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, a manera de reconocimiento público de la responsabilidad del Ejército en la desaparición.
En febrero de 2020 el caso fue admitido por la SCJN en la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. “Vino el Covid-19 [la pandemia de Covid-19] y esto complicó mucho acercarnos a la Corte. Los ministros sesionaban de manera virtual, y lo dejaron en lista”. Sandino Rivera reconoce que la ministra Ríos Farjat escuchó con atención a la representación jurídica y familiares de las víctimas Gabriel y Edmundo. Destaca la trascendencia de la sentencia de este miércoles.
“Lo que se resuelva impactará en dos sentidos. El primero es si se establece la reparación integral a partir de juicio de amparo o el estándar probatorio para acreditar la desaparición forzada. Evidentemente eso repercutirá en el resto de casos similares y en el caso de víctimas que quieran presentar en el futuro un amparo por este tema”. Y particularmente para el caso de Edmundo y Gabriel recalca la comparecencia de altos mandos militares ordenada desde la SCJN, así como la apertura de cuarteles.
Sobre las expectativas del fallo de la Corte, Sandino Rivero espera una votación dividida pero favorable a las víctimas. Advierte que hay reticencias al interior de la propia Primera Sala. “No podemos dejar de reconocer la parte ideológica de los ministros que definen a la hora de votar; pero, también los grupos políticos a los que ellos pueden pertenecer. La naturaleza de los hechos, y los desaparecidos, los cuales fueron abiertamente reconocidos por el Ejército Popular Revolucionario… Entonces, no podemos obviar que esto pesa ideológicamente a la hora de votar, aunque no lo acepten de esa manera”.
Además de Ríos Farjat –quien la preside–, los otros integrantes de la Primera Sala son Norma Lucía Hernández Piña y Juan Luis González Alcántara Carrancá, nombrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, cuyos nombramientos datan del sexenio de Felipe Calderón.
El otro aspecto a destacar es la línea de investigación que tendrá que abrir la FGR contra los militares, algo que nunca ha querido hacer. “Si la Corte confirma la sentencia, tendrá que abrirla y citarlos a comparecer. En la implementación se nos viene otro litigio y un incidente de incumplimiento si no quieren cumplir con su responsabilidad”.
Nadín Reyes Maldonado ha cumplido 15 años de haber abrazado como proyecto de vida la lucha por la presentación con vida de su padre: Edmundo Reyes Amaya. Recuerda que, adolescente, tuvo que enfrentar el hecho de la ausencia abrupta y también de la condición de revolucionario clandestino de su papá.
Inmediatamente se incorporó a las actividades para traer de vuelta a Edmundo y a Gabriel Alberto y fundó el Comité Hasta Encontrarlos. Ninguna experiencia tenía de participación política previa. Hoy trabaja de cerca con el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), el Comité Cerezo y otras organizaciones que demandan la presentación con vida de todos los luchadores sociales desaparecidos.
“Hubo un duro golpe en un doble sentido. Es muy complicado que te arranquen a un ser querido de esa manera. Y luego lo que viene después: el no tener a tu ser querido contigo genera un cambio radical en tu vida y muchas afectaciones emocionales, físicas, económicas…”
Señala que incluso su familia comenzó a padecer hostigamiento por parte del Estado mexicano. Pero celebra que los 15 años de “una lucha muy difícil” están rindiendo frutos y logros que han costado mucho, en referencia a la resolución que la SCJN emitirá este miércoles.
“Hemos aprendido a vivir con este dolor: lo hemos transformado en lucha, fortaleza. El mismo hecho de estar luchando por su presentación con vida es también una forma de reparación emocional para nosotros, una forma de cómo afrontar esta situación. Nos ha servido mucho acompañarnos de todos estos compañeros de organizaciones populares y de derechos humanos que nunca nos han dejado solas a mi compañera Margarita [Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto], a mí y a nuestras familias.”
Sobre la resolución del miércoles, Nadín califica de “logro” que el caso haya llegado a la SCJN. “Independientemente del fallo que se dé, ha sido todo el esfuerzo conjunto jurídico, político y de movilización lo que ha llevado que el caso esté ahí. Nos queda claro que no ha llego por simple voluntad, sino ha sido mucha la movilización, la presión social, la que ha obligado que el caso haya sido atraído por la Corte”.
Que el caso haya llegado al máximo tribunal constitucional del país motivó un comunicado del Comité Central del PDRP-EPR. Fechado el 6 de agosto pasado y distribuido por el Comité de Prensa y Propaganda, el documento se refiere al carácter político de la desaparición forzada y ofrece detalles sobre las condiciones en que desaparecieron Gabriel Alberto y Edmundo.
“La motivación de este abominable crimen obedece a razones políticas”, advierte. Explica que las desapariciones obedecen a la militancia y trayectoria revolucionaria en el EPR de las dos víctimas. El crimen, por ser de lesa humanidad, no prescribe, señala.
Recuerda que la desaparición forzada “se perpetró en un contexto de terrorismo de Estado para contener la inconformidad y protesta popular en todo el país, política de gobierno desarrollada por la administración panista de Felipe Calderón Hinojosa y continuada por la de Enrique Peña Nieto que cobró cientos de miles de víctimas”. Particularmente las protestas fueron intensas en Oaxaca, donde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca realizó amplias movilizaciones.
Con respecto de las condiciones en que ocurrieron las desapariciones forzadas, el EPR ofrece la información con la que cuentan sus estructuras. La desaparición forzada se perpetró en la ciudad de Oaxaca el día 25 de mayo de 2007 entre las 06:00 y 06:30 horas de la mañana. Lo anterior “se confirma con el parte recibido de la comisión que los dejó en las inmediaciones del jardín Madero a las 06:00 horas, por la llamada no efectuada por Gabriel entre 06:00-06:05 y la llamada no recibida por éste a las 06:30 horas. Una vez más afirmamos que nuestros militantes al momento de su detención desaparición se encontraban desarmados”.
Otros detalles de la información que el EPR ofrece:
“1. La llamada realizada por sus captores desde el teléfono de Edmundo a las 07:53 de este día. Teléfono que mantuvieron activo por varios meses después.
“2. La detención arbitraria y tortura del indígena de la región Loxicha, Daniel Santiago Matías, desde las 11:00 hasta las 16:00 horas, donde los interrogatorios encabezados por el entonces comandante de la policía ministerial, Daniel Camarena Flores, se centraron en que confirmara que Edmundo Reyes Amaya era el comandante Zapata y proporcionara información de quién era el otro detenido, ambos se encontraban en pésimas condiciones producto de la tortura.
“3. Al no pasar Gabriel Alberto al buzón en la ciudad de Oaxaca por artículos personales y material de trabajo revolucionario a las 07:00 horas.”Zósimo Camacho | CONTRALÍNEA
